El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad de la provincia, Federico Angelini, cuestionó en duros términos la decisión de la jueza de Menores de Rosario, María Dolores Aguirre Guarrochena, quien declaró nulo el allanamiento y la posterior detención de un joven acusado de balear una vivienda.
El funcionario advirtió sobre los riesgos del "garantismo de escritorio" de este fallo particular y defendió la celeridad del accionar policial a través del sistema de flagrancia digital.
El hecho se originó días atrás cuando dos delincuentes abrieron fuego contra un domicilio en la ciudad de Rosario. A partir de ese episodio, el Ministerio de Seguridad, a través del sistema LINCE y el uso de herramientas de flagrancia digital, logró reconstruir la secuencia de los hechos. Este rápido despliegue permitió identificar a uno de los implicados y detenerlo en su vivienda apenas 12 horas después del ataque.
Sin embargo, la jueza Aguirre Guarrochena decidió anular el procedimiento policial argumentando que "no se acreditó la urgencia" para ingresar al domicilio sin una orden judicial, desestimando la figura de la flagrancia por el tiempo transcurrido desde los disparos.
Frente a esta resolución, Federico Angelini expresó el malestar ante un criterio que consideran un retroceso en la lucha contra la violencia urbana:
“No podemos entender cómo para esta magistrada no hay urgencia en ir a buscar a un delincuente que 12 horas antes baleó una casa y que sigue armado. Una balacera no es un hecho aislado, es un peligro continuo que en cualquier momento te deja un muerto. Este falso garantismo se agarra siempre de cualquier cosa que zafe al delincuente, le ata las manos a la policía y devuelve a los violentos a la calle".
Finalmente, Angelini ratificó el rumbo de la política criminal impulsada por el Ejecutivo provincial, el respaldo a las fuerzas de seguridad y destacó que este tipo de resoluciones aisladas no frenarán los avances de la gestión:
“En el gobierno de Maximiliano Pullaro estamos convencidos de que la ley tiene que estar para proteger a la gente de bien y actuar al ritmo de la urgencia en la calle. A la violencia armada hay que cortarla de raíz, y eso es para lo que trabajamos con LINCE y el Plan de Seguridad. Más allá de esta decisión judicial puntual que no compartimos, vamos a seguir profundizando el enorme trabajo de coordinación que estamos llevando adelante. Es esa articulación permanente entre el Ejecutivo, las fuerzas de seguridad y los fiscales la que nos permite avanzar a paso firme con el plan de seguridad y sostener los resultados positivos y la baja de la violencia que estamos logrando hoy en Rosario".