La consultora Doxa Data realizó una encuesta que muestra la percepción de los rosarinos acerca de la responsabilidad que le cabe a los distintos estamentos estatales ante las reiteradas quemas en el Delta de Paraná y la degradación ambiental provocada en el humedal de las islas entrerrianas.
El estudio muestra que para el 30,1% de los consultados, el gobierno nacional es el principal responsable de ponerle fin al ecocidio. A la vez, un 18,6 aseguró que el Ejecutivo provincial debería resolver el problema y un 14,6 apuntó a la Municipalidad de Rosario.
En la encuesta quedaron llamativamente postergados en la consideración otros actores, como el Poder Judicial o las propias autoridades de la provincia de Entre Ríos.
¿UN INTERVENTOR PARA EL HUMEDAL?
Ante los resultados de la encuesta, cabe recordar una iniciativa presentada tiempo atrás por la ONG Equística Defensa del Medio Ambiente, quien en su momento sugirió que el gobierno nacional designe un interventor que ponga fin a los incendios.
El abogado Sebastián Farina, uno de los referentes del colectivo ecologista, explicó aquella vez que «el interventor debería ser el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié».
Para Farina, la designación de interventor tiene que durar, en principio, unos 90 días. “El ministro Cabandié es la principal autoridad y debería apersonarse en el lugar para tomar las medidas del caso y neutralizar los incendios. Corresponde que sea el Estado nacional quien tome esta medida. Dada la gravedad del problema, la solución debe ser de similar envergadura”, indicó.
Para la ONG ambientalista, el interventor designado «deberá adoptar las medidas necesarias para salvaguarda la zona. Su figura, en este caso, no tiene tabulado algún tipo de actuación».
El pedido, que también fue entregado por escrito a la ministra de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, Erika Gonnet, es por 90 días pero puede renovarse mientras persistan las quemas o hasta revocarse, si es que la solución aparece antes del vencimiento de la misma.
Vale señalar que en agosto de 2020, la misma Asociación Civil presentó un amparo colectivo ambiental por los incendios en la zona de islas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó, incluso, la creación de un Comité de Emergencia Ambiental para actuar ante el ecocidio. Además, el fallo aseveró que los incendios deben cesar de inmediato.