En Santa Fe ya concluyeron las entrevistas públicas a quienes se candidatearon para conducir el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Esta semana estará la lista definitiva de los candidatos a conducir el organismo que fija las políticas criminales y prioriza los delitos a investigar en la provincia de Santa Fe. Una provincia con serios problemas de seguridad y con una demanda latente al Poder Judicial.
El Ministerio está a cargo del Fiscal General, quien dura seis años en sus funciones y es designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa. Se trata de un referente de carácter político que tiene a su cargo la política de persecución penal en la provincia.
El ministro de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, propone al santafesino Roberto Prieu Mántaras. Un personaje del viejo sistema penal con fallos polémicos y antecedentes oscuros.
Uno de ellos es el ocurrido en el 5 de octubre de 2016, cuando los camaristas Juan Manuel Oliva (presidente), Sebastián Creus y el propio Roberto Prieu Mántaras absolvieron y liberaron a un hombre de 27 años en los Tribunales de Rafaela. Había sido condenado en primera instancia a siete años y medio de prisión por los jueces Alejandro Mognaschi (presidente), José Luis García Troiano y Osvaldo Carlos por encontrarse como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal a su sobrina de 12 años.
El otro caso que involucra a Prieu Mántaras tiene que ver con la historia de la psicóloga de la ONG antiaborto “Grávida”. La misma que infiltró en un hospital e impidió que una nena de 12 años con retraso que había sido violada accediera a un aborto legal. El Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos la sancionó, pero Mántaras, junto a otros integrantes de la Justicia santafesina falló a favor de la profesional por un tecnicismo.
En 2015 una nena de 12 años con discapacidad intelectual empezó a tener problemas en la escuela. Sus maestras intervinieron, hablaron con ella y convocaron a la madre para trabajar de manera articulada. Así descubrieron que la chica había sido violada y que estaba embarazada. La nena señaló a su padrastro como el violador.
La mamá y la nena pidieron que se hiciera un aborto. El artículo 86 del Código Penal lo habilitaba.
Prieu Mántaras es un funcionario ligado a los factores de poder de la capital provincial y en los pasillos de Tribunales lo recuerdan como uno de los camaristas que en 2011 le anularon la sentencia a monseñor Storni, un ex obispo que había sido condenado a ocho años por el delito de abuso sexual a un seminarista y que por ello fue obligado a renunciar a la Iglesia.
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