El 2022 fue un año que nos duele. Representó la anualidad con más asesinatos desde que se cuenta con cifras oficiales: 249 muerto/as. Pero no son solo cifras, son vidas perdidas, generalmente de personas jóvenes. El 65% de las/os asesinadas/os tenían entre 15 y 35 años. La violencia nos golpea y tiende a potenciarse, y la escalada parece no tener fin. Mientras escribo estas líneas se superan estadísticas, se llega a escenografías que eran impensadas hace algún tiempo atrás y, cada semana, se vuelven a correr los límites del espanto y la angustia colectiva.
Aunque nos parezca increíble estos primeros meses del 2023 han sido peores.
En este contexto, hemos, y seguiremos reclamado una política integral para abordar esta situación. Porque creemos, con la certeza que nos da el trabajo que venimos realizando desde hace años en la sociedad civil, que la gravedad de la situación nos obliga a pensar más allá de lo represivo. Por supuesto que el rol de las Fuerzas de Seguridad tanto nacionales como provinciales son claves, pero éstas no solamente deben quedar circunscritos a la mera presencia de efectivos, sino también debemos pensar en cuál y cómo debería ser su accionar. Por ejemplo, no contribuye a resolver el problema si el 80% de las detenciones producidas por las Fuerzas Federales tienen que ver con usuarios y usuarias de sustancias. El rol debe ser otro. Claro que hoy su presencia es vital, pero para que no sea como otras veces debemos impulsar políticas y acciones distintas.
Hay instituciones con enorme potencial y de las cuáles poco y nada se sabe de su aporte a resolver el problema. Nos preguntarnos: ¿Qué están haciendo la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Aduana, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE), la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), cómo se controlan las rutas nacionales 11 y 34, cómo se controla la Hidrovia? Y la Justicia Federal? Es posible que tenga la misma estructura que hace 43 años? Sin dudas, podrían aportar mucho más para pensar esa política integral que venimos reclamando hace años.
Sepamos que no nos va a alcanzar con pedir más y mejor policía, más y mejor presencia de las Fuerzas Federales, más y mejor estructura de la Justicia Federal. Eso es necesario pero aún, lográndolo, será siempre insuficiente sin una política integral. Es hora de pensar qué otras herramientas tiene el Estado para abordar la problemática del narcotráfico.
El fracaso de la dirigencia política y las acciones que la misma impulsa en esta materia se hace evidente en una balacera que se lleva la vida de nuestras juventudes o de nuestro/as niño/as, pero ese fracaso empezó mucho antes, cuando el Estado no garantizó el derecho a la alimentación, a los estudios, a la salud, a la cultura y a la recreación. Para debilitar a las MAFIAS narcos, tenemos que vaciarlas de jóvenes: ofrecerle a nuestras juventudes un porvenir, un futuro, un proyecto de vida, una posibilidad, un ser parte, una opción. Opción que en algunos barrios rosarinos no existe con la magnitud que hoy necesitamos.
Es por esto que era INADMISIBLE que desde el Gobierno Central no se tengan ideas nuevas y acciones concretas en los barrios donde más se vulneran derechos. La reunión del Intendente, hace unas semanas, con el Presidente de la Nación y la Ministra de Desarrollo Social es una muy buena noticia, que esperamos se traduzca en acciones concretas en nuestra ciudad. Se comprobó que en los barrios que se urbanizan, donde se ofrecen alternativas culturales y/o deportivas, donde se abren espacios colectivos, la violencia disminuye considerablemente.
Las estadísticas son frías pero marcan una realidad sobre la que hay que trabajar. En Ludueña, Vía Honda, Larrea, Las Flores Sur, Toba, Magnano, Alvear y Empalme Graneros, se concentran el 76% de los hechos de violencia de la ciudad. Una política integral que busque disminuir los números terribles que padecemos NO puede dejar de lado acciones que garanticen los Derechos básicos.
Otro número elocuente por sí mismo, que muestra a las claras que estamos hablando de la disputa por el territorio donde más atención, políticas y presupuesto debe invertir el Estado, es que el 49% de los hechos de armas de fuego, según el informe del Ministerio de Seguridad de Santa Fe del 2022, se produjeron a menos de 500 metros del domicilio de la víctima.
Estoy convencido que, aunque seguían siendo altos, la disminución de los índices de violencia durante el gobierno de Miguel Lisfchitz (2015-2019) se debió a dos programas claves que se llevaron adelante durante su gestión: El Nueva Oportunidad y el Plan Abre.
El primero le permitía a las juventudes contar con un espacio de pertenencia, de encuentro, de aprendizaje, de realización, que en muchas ocasiones era el único: 21 mil chicas y chicos encontraron en ese programa la última posibilidad y una nueva oportunidad. El segundo fue un plan integral, donde diversas áreas del gobierno incidieron en la vida cotidiana acercando derechos de forma multidimensional, una política que generó otra calidad de vida.
Cuando sectores de las juventudes no tienen proyectos a futuro, o peor que eso, saben que su futuro será igual que el presente, no hay posibilidades de modificar esta realidad. ¿Quién puede vivir sabiendo que el futuro es la repetición del presente? Sabemos que lo prioritario es pacificar la ciudad; sin embargo, al mismo tiempo, tenemos que hacer un ejercicio de reflexión sobre esta política integral donde lo policial sea una porción de la misma que se complemente con lo social, cultural, deportivo, educativo y laboral abriendo nuevos horizontes. Que nos permita imaginar un futuro mejor.
La realidad de hoy requiere del Municipio (cuenta con un insumo clave como lo es el CONOCIMIENTO de lo que sucede en cada barrio) y de la Provincia; pero la magnitud de la desigualdad social hace irrenunciable y determinante la acción del Estado Nacional. No debe haber otra prioridad para el Gobierno Central más que Rosario. El Ejecutivo Nacional debe poner su mayor energía en nuestra ciudad, de no hacerlo no sólo nos estaría abandonando si no que estaría posibilitando que la situación se agudice con los irrecuperables costos humanos que conlleva.